jueves, 16 de septiembre de 2010

En busca de los 90

El lapso de dos meses entre la derrota del FSLN en las urnas y el traspaso del gobierno a la presidenta electa Violeta Chamorro se caracterizó por un clima de tensa incertidumbre. Los sectores de "línea dura" de la Unión Nacional Opositora (UNO), aglutinados en torno al vicepresidente Virgilio Godoy, Arnoldo Alemán -alcalde de Managua- y los 20.000 combatientes de la Resistencia Nicaragüense, exigían el desmantelamiento de las fuerzas armadas sandinistas, la inmediata devolución de todas la propiedades confiscadas y la privatización de las empresas estatales. Mientras tanto, el FSLN proclamaba su intención de "gobernar desde abajo" con el respaldo de las organizaciones de masa, y demandaba el respeto a la integridad del Ejército Popular Sandinista, que a la fecha contaba con 96.660 soldados.
[editar]En busca de la paz
La explosiva coyuntura exigía un pacto institucional a fin de desactivar la amenaza de una nueva guerra civil, o una intervención militar norteamericana. El 27 de febrero de 1990 se conformaron dos equipos negociadores presididos por el general Humberto Ortega y el ingeniero Antonio Lacayo, yerno de Violeta Chamorro. La participación de Joao Soares, Secretario General de la OEA; Elliot Richardson, representante del Secretario General de las Naciones Unidas, y Jimmy Carter, ex presidente de los Estados Unidos, en calidad de observadores internacionales, facilitó las conversaciones. Éstas culminaron el 27 de marzo con la firma del Protocolo para la Transferencia del Mando Presidencial, conocido como "Protocolo de Transición", cuyos acuerdos más importantes contemplaban: el reconocimiento de las elecciones como base para la construcción de la democracia y la paz; seguridad jurídica a los beneficiarios de donaciones estatales de propiedades urbanas y rurales, asignadas antes del 25 de febrero de 1990; respeto a los rangos, escalafones y mandos del ejército, incluyendo la permanencia de Humberto Ortega como general en jefe del EPS (Ejército Popular Sandinista); subordinación de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad al poder ejecutivo; reducción significativa del ejército, y desmovilización de la Resistencia Nicaragüense antes del 25 de abril, para garantizar el traspaso de gobierno en un clima de paz.
El Protocolo de Transición reflejaba una posición pragmática que reconocía la fuerza organizativa del FSLN, y daba prioridad a la estabilidad política. No obstante, fue rechazado por la "línea dura" de la UNO, que demandaba la destitución inmediata del Comandante Ortega. Así también, exigía la penalización de la "piñata" -nombre que se dio a la distribución de millones de dólares en propiedades estatales entre dirigentes y cuadros del FSLN, a raíz de su derrota electoral-. Como resultado, ocho de los catorce partidos de la UNO se negaron a asistir al acto de toma de posesión de la presidenta Chamorro y, en adelante, obstaculizarían su administración desde los gobiernos municipales bajo su control.
Por su parte, la Resistencia Nicaragüense (RN) condicionó su desmovilización a la firma de nuevos acuerdos, según los cuales el gobierno procedió a delimitar veintidós "polos de desarrollo" -que abarcaban, en su conjunto, un área de 20.000 km cuadrados- donde los ex combatientes de la RN recibieron tierras y recursos productivos para asentarse con sus familias, bajo la protección de fuerzas especiales de Naciones Unidas. Después de la desmovilización, concluida el 27 de junio de 1990, ex miembros de la Resistencia Nicaragüense fueron incorporados a la Policía Nacional, y encargados de garantizar el orden dentro de estas zonas de seguridad. Además, se reconoció a la RN como una organización política legal, y algunos de sus principales dirigentes recibieron cargos en la burocracia estatal. Por otra parte, el gobierno llegó a un acuerdo con el ejército para dar inicio a un rápido proceso de reducción de efectivos, ofreciendo a los ex militares diversos beneficios, como indemnizaciones por años de servicio y asignación de viviendas o tierras. Mediante este proceso de licenciamiento gradual, se desmovilizó a 72,000 soldados en el lapso de tres años.

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